Sentencia ejemplar contra fichero de morosidad

El Juzgado de Primera Instancia 5 de Ourense ha emitido el 23 de abril de 2020 sentencia contra Equifax Iberica, S.L. por la que se declara la inclusión indebida de la demandante en el registro de morosidad Asnef Empresas.

Antecedentes

La demandante, la empresa ourensana Infinitus Rent, S.A., dedicada a la financiación en la modalidad de renting, se vio gravemente afectada por múltiples publicaciones en el fichero de solvencia por parte de una empresa que, a raíz de una ruptura comercial, comienza a utilizar la base de datos para publicar impagos de facturas inexistentes, sin notificación previa ni reclamación fehaciente desde enero de 2018. Tales anotaciones provocan a la parte demandante un grave perjuicio ya que este tipo de registros son utilizados por los bancos para verificar solvencia y adecuación de las empresas a la hora de conceder créditos. Dichas publicaciones fueron reiteradas durante un año, haciendo caso omiso EQUIFAX a las reclamaciones interpuestas por INFINITUS RENT SA sobre la irregularidad de las mismas.

El fallo

Entiende la Sala en Pleno que “la inclusión en un registro de morosos, erróneamente, sin que concurra veracidad, es una intromisión ilegítima en el derecho al honor, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación”.

Añade la Sala que “Efectivamente, tal persona, ciudadano particular o profesionalmente comerciante, se ve incluido en dicho registro, lo cual le afecta directamente a su dignidad, interna o subjetivamente e igualmente le alcanza, externa u objetivamente en la consideración de los demás, ya que se trata de un imputación de un hecho consistente en ser incumplidor de su obligación pecuniaria que, como se ha dicho, lesiona su dignidad y atenta a su propia estimación, como aspecto interno y menoscaba su fama, como aspecto externo. Y es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido y que esta falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y deudor, para pasar a ser de una proyección pública. Sí, además, es conocido por terceros y ello provoca unas consecuencias económicas (como la negación de un préstamo hipotecario) o un grave perjuicio a un comerciante (como el rechazo de la línea de crédito) sería indemnizable, además del daño moral que supone la intromisión en el derecho al honor y que impone el artículo 9.3 de la mencionada Ley de 5 de mayo de 1982”.

Considera la fundamentación jurídica de la sentencia que no es motivo de descargo que la base de datos cumpla con lo que le encomienda su cliente porque es ella quien como titular del fichero tiene que velar por el cumplimiento de que haya existido deuda cierta líquida y exigible y no es el caso, que haya habido un previo requerimiento de pago y tampoco lo ha habido, por tanto no se puede incluir en dicho fichero y aún así se ha hecho.

Se condena a la demandada a la retirada de las inscripciones erróneamente incluidas en el fichero, a la concesión de la misma publicidad que se había dado a aquellas deudas en dicho fichero, a la comunicación a cualquier entidad o individuo que haya sido indebidamente informado en dichas deudas, a la entrega a la demandante de los beneficios obtenidos a raíz de tal suministro de información y al pago de una indemnización por los daños producidos por intromisión en el honor de mí representada de 15.000 euros por año aproximadamente y que se fijará de forma expresa en ejecución de sentencia que determinará su cuantía sobre la base de los importes de las anotaciones efectuadas y los daños producidos por estas hasta el momento de la misma. Asimismo se condena en costas a la demandada por mala fe.

Se ha publicado en la sección de noticias de Equifax Ibérica una breve referencia a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 5 de Ourense el 23 de abril de 2020, por la cual se condena a esta empresa, propietaria de Asnef Empresas, por la publicación indebida en el registro Asnef Empresas de la mercantil Infinitus Rent, SA. Contiene la reseña un enlace al contenido íntegro de la sentencia.

Sobre esta importante Sentencia se pueden hacer los siguientes comentarios:

  1. Es fundamental luchar por la defensa de nuestros derechos frente a ficheros de morosidad como Asnef. Siempre que se solicite a un fichero de morosos que se cancele una publicación, ya sea por disconformidad con el publicante o por la existencia de un litigio sin resolver, y los responsables del fichero hagan caso omiso, debemos luchar por velar por nuestro derecho al honor y reclamar los daños y perjuicios que se nos causen.
  2. Es posible la consecución de indemnizaciones sustanciosas por los daños y perjuicios ocasionados. En este caso concreto ya se han despachado 75.000 euros en concepto de indemnización por los daños producidos por intromisión en el honor de la demandante.

La demanda expuesta fue llevada desde la AECE por uno de los expertos asociados y sin duda representa un gran éxito para la empresa representada, que además sienta un precedente judicial por el que los ficheros de morosidad no pueden publicar indiscriminadamente cualquier posición morosa de una empresa si ésta acredita que es una presunta publicación irregular por parte del publicante o bien media un contencioso de por medio entre las partes, puesto que dicha publicación puede causar daños irreparables a la empresa, sin que hubiese sido procedente la inclusión en los ficheros de morosidad.

La audiencia provincial de a coruña considera una intromisión al honor la falta de requerimiento previo de la deuda al obligado

El objeto de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que comentaremos a continuación (nº298/2017) se basa en la intromisión ilegítima en el derecho al honor por inclusión en un registro de solvencia negativa con infracción de los requisitos previos, con reclamación de daños morales y patrimoniales.

Como se comento en uno de los artículos anteriores, los ficheros de morosos deben de cumplir ciertos requisitos para no incurrir en una inscripción indebida, uno de ellos es el requerimiento previo de pago al obligado.

“La Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (EDL 2007/241465), establece respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, en su artículo 38.1 – conforme a la redacción de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo- que «solo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya sido impagada b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda, o del vencimiento de la obligación, o del plazo concreto, si aquella fuera de cumplimiento periódico c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación”.

En este caso la entidad bancaria consideraba cumplido dicho requisito al tener inserta en el contrato de póliza de crédito una cláusula que advertía de la inclusión en caso de impago, hecho que la audiencia no ha considerado suficiente para justificar el requerimiento y por tanto la inclusión en el fichero de morosos.

Consta acreditado, y no es discutido por ninguna de las partes, que la entidad Banco Santander SA., incluyó en el registro de solvencia negativa Equifax a Doña Rebeca el día 23 de noviembre de 2015, por una deuda de 17.345,82 euros en su condición de avalista de la Empresa Tuimil Electricidad SA, y el día 21 de septiembre de 2015, por una deuda de 338,02 euros, por descubierto en libreta de ahorro.

Por lo tanto, si tal y como reconoce la propia entidad demandada, y consta acreditado documentalmente, el requerimiento de pago a la Sra. Rebeca se realizó con fecha 11 de agosto de 2016 – después de haberlo intentado sin resultado el día 12 de julio de 2016- resulta incuestionable que no se ha cumplido uno de los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente para poder incluir los datos del deudor en el fichero”.

Además de lo anterior a la hora de determinar la indemnización se ha tenido en cuenta las negativas que obtuvo la perjudicada por estar incluida en un fichero de morosos, ya que, estas coincidían en el periodo en el que el fichero llevo a cabo la inclusión.

Por lo tanto, esta sentencia determina que “la inclusión de los datos de la demandante era un registro de morosos, sin cumplirse los requisitos exigidos legalmente, es indemnizable por la afectación a la dignidad su aspecto interno y subjetivo y en el externo y objetivo, relativo a la consideración de las demás personas”.

Como podemos deducir de la siguiente sentencia con la sola falta del requerimiento de pago al obligado pagador, se puede considerar dicha inclusión una intromisión ilegítima al derecho al honor, incluso cuando se realiza ese requerimiento pero la inscripción al fichero es previa a la fecha del requerimiento al deudor, y por lo tanto ser indemnizados.

Posibles indemnizaciones por ser incluido incorrectamente en un fichero de morosos

El Tribunal Supremo en su Sentencia 604/2018, de 06 de noviembre de 2018 indica los diferentes puntos, haciendo referencia a otras sentencias, sobre los cuales fundar las posibles indemnizaciones por inclusiones irregulares en los ficheros.

Para ello, a continuación, numeraremos los criterios a seguir por la sala:

  1. La sentencia 261/2017, de 26 de abril, es nombrada en la misma haciendo una síntesis de la doctrina relevante sobre la materia, para ello identifica como indemnizable el daño moral teniendo en cuenta la difusión que ha tenido la información y las ganancias que este fichero ha obtenido debido a la información errónea o no veraz divulgada, para ello señala:

    “El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010 y que es la aplicable dada la fecha de los hechos, dispone que «La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma«.
  2. Por otro lado, es importante indicar que dicha sentencia no considera como inmunización las llamadas indemnizaciones simbólicas

    Como declara la sentencia de esta Sala núm. 386/2011, de 12 de diciembre, «según la jurisprudencia de esta sala (SSTS de 18 de noviembre de 2002 y 28 de abril de 2003) no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la CE como derechos reales y efectivos, con la indemnización solicitada se convierte la garantía jurisdiccional en un acto meramente ritual o simbólico incompatible con el contenido de los artículos 9.1, 1.1. y 53.2 CE y la correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego ( STC 186/2001, FJ 8)» ( STS 4 de diciembre 2014, rec. núm. 810/2013)”.

    La sentencia núm. 81/2015, de 18 de febrero, que ha de tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que sólo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos.

    También sería indemnizable el quebranto y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas que haya tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados.”
  3. El Tribunal Supremo también asienta su criterio en relación con deudas de escasa cuantía, las cuales no hacen que disminuya la importancia del daño producido al incluir al reclamante en los registros de morosos.

    “Si se pone en relación el quantum a indemnizar con la escasa trascendencia, por ser pequeña la deuda, tenemos declarado ( sentencia 81/2015 de 18 de febrero) que no puede aceptarse el argumento de que la inclusión de datos sobre una deuda de pequeña entidad en un registro de morosos no supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor de una trascendencia considerable (y por tanto no puede dar lugar más que a una pequeña indemnización) porque claramente muestra que no responde a un problema de solvencia sino a una actuación incorrecta del acreedor. La inclusión en registros de morosos por deudas de pequeña cuantía es correcta y congruente con la finalidad de informar sobre la insolvencia del deudor y el incumplimiento de sus obligaciones dinerarias. Y cuando tal inclusión se ha las exigencias del principio de calidad de los datos, y que por tanto es cierto que el afectado ha dejado de cumplir sus obligaciones dinerarias”.
  4. Teniendo en consideración la posible dificultad que puede darse para demostrar el daño producido por la inclusión a la hora de acceder a determinadas prestaciones, la sala también asienta jurisprudencia indicando que “el hecho de que no conste que la citada inclusión le haya impedido a la recurrente acceder a créditos o servicios”.

    El argumento utilizado para explicar esta consideración es que “Precisamente la información sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias que se incluye en estos registros va destinada justamente a las empresas asociadas a dichos ficheros, que no solo les comunican los datos de sus clientes morosos, sino que también los consultan cuando alguien solicita sus servicios para evitar contratar y conceder crédito a quienes no cumplen sus obligaciones dinerarias”.

Por lo tanto, a modo de resumen podemos decir que las indemnizaciones que pueden llegarse a obtener por las inclusiones irregulares llevadas a cabo por los ficheros de morosos son individualizadas a cada caso en concreto, teniendo en consideración el daño moral ocasionado por las mismas con relación a la difusión que ha tenido la información y los beneficios que el fichero a obtenido por la divulgación de estas.

Además de ello el hecho de que las deudas que no han podido solventarse sean de poca cuantía no interfiere en el daño producido, así como la falta de prueba de la imposibilidad originada por la inclusión a la hora de obrar u obtener cualquier préstamo o servicio.

Un ovetense salva su vivienda después de que se le perdone una deuda por la Ley se Segunda Oportunidad

El juez ha exonerado al vecino del pago de más de 700.000 euros por avalar a una empresa que entró en concurso de acreedores de forma fortuita

LA VOZ 
05/02/2020 10:54 H

Un juez ha exonerado del pago de más de medio millón de euros a un vecino de Oviedo que contrajo una deuda de más de 700.000 euros por avalar a una empresa que entró en concurso de acreedores de forma fortuita y no perderá su vivienda, al estar hipotecada por un importe superior a su valor en el mercado.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo ha dictado un auto por el que aplica la Ley de Segunda Oportunidad y exonera del pasivo insatisfecho a un ovetense que adeudaba 732.898 euros, al considerar que el crédito con privilegio especial derivado de un crédito hipotecario está siendo atendido por el deudor.

Además, el juez ha tenido en cuenta que la acreedora hipotecaria no ha mostrado disconformidad con la concesión del Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), que tendrá el carácter de definitivo.

El deudor podrá mantener su vivienda habitual por encontrarse hipotecada por un importe superior al valor de la vivienda ya que, de la deuda total, 147.362 euros correspondían a la hipoteca, lo que ha llevado al juez a perdonarle los 585.536 euros restantes.

El letrado José Luis Orejas Pérez firmó la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho al cumplir con los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad por su buena fe, al ser declarado el concurso como fortuito y no tener condena firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores al concurso.

Además, el juez considera que se ha intentado alcanzar previamente un Acuerdo Extrajudicial de Pagos con los acreedores, pese a que no ha sido posible lograr el nombramiento de mediador concursal.

Esta circunstancia no ha impedido que el interesado acceda al perdón de las deudas porque ninguno de los mediadores concursales propuestos ha aceptado el cargo, por causa que considera no imputable al deudor; informa EFE.

FUENTE: LA VOZ DE ASTURIAS

Ley de segunda oportunidad: le perdonan una deuda de casi 4 millones de euros

Los jueces pueden perdonar las deudas a quienes actuaron de buena fe y liquiden todos sus bienes

Ley de segunda oportunidad: le perdonan una deuda de casi 4 millones de euros
Victor Bitrián, este viernes en Barcelona (Mané Espinosa)

LALO AGUSTINA, BARCELONA 11/11/2019 11:39 | Actualizado a 11/11/2019 13:57

El barcelonés Víctor Bitrián respira por fin aliviado tras un larguísimo periodo de sufrimiento extremo. En el 2016, mucho después de que se fuera al traste el proyecto de su vida –un hotel rural en Jiloca (Teruel) al que la crisis se llevó por delante en el 2011–, Bitrián inició el proceso para acogerse a la ley de la segunda oportunidad, un procedimiento concursal aprobado en España sólo un año antes por el que se puede conseguir la exoneración de las deudas de las personas físicas, sean empresarios o particulares.

El juez Raúl García Orejudo le liberó de los casi cuatro millones de euros que le exigían los acreedores financieros por su condición de avalista. Bitrián, asesorado por el abogado Juli de Miquel, intentó llegar a un acuerdo imposible con los acreedores, se declaró en concurso de acreedores, liquidó todos sus bienes –el piso familiar en Rubí y una finca sin apenas valor en Huesca– y pidió después el llamado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que le fue concedido la semana pasada.

La salida de las deudas

“He llorado mucho, lo he pasado muy mal”, reconoce Bitrián

Ya es libre. En los últimos tres años, con el sueldo intervenido por el administrador concursal –al que tenía que pedir permiso para cualquier gasto extraordinario, como los aparatos dentales que precisaba uno de sus dos hijos–, su vida ha sido un infierno. “He llorado mucho, lo he pasado muy mal. Cuando te pasa lo que a mí, te quedas sin nada. Por supuesto, sin tarjeta de crédito. Con la línea de teléfono a nombre de mi suegra. En un continuo sobresalto. Sales adelante gracias a los amigos”, relata Bitrián, emocionado.

En el mundo empresarial, un fracaso absoluto conduce a la liquidación o a la pérdida de control de la sociedad. En el plano personal, cuando un empresario se declaraba insolvente lo pagaba toda su vida. Bitrián hubiera acabado así, en la marginalidad social, proscrito para siempre.

Imagen de la Ciutat de la Justícia, en Barcelona
Imagen de la Ciutat de la Justícia, en Barcelona (Ana Jiménez)

La segunda oportunidad que le da ahora la justicia presupone, obviamente, la buena fe. El concurso que acabó con su empresa fue declarado fortuito, es decir, no culpable. Y el juez constató que el empresario había actuado correctamente y que no le salieron las cosas. 

Hoy, hace autocrítica –“tuve que ser más riguroso, medir mejor los riesgos”, admite–, pero también reparte culpas. “En octubre del 2008, un mes después de la caída de Lehman Brothers, fui a ver a uno de los grandes financiadores del hotel y les planteé esperar. Me dijeron que no y seguimos. Al poco tiempo, empezaron las obras…”.

Proceso

Lograr la exoneración de las deudas no es fácil

En nada llegaría el siniestro total. Aunque Bitrián puede contarlo, no es tan fácil lograr la exoneración de las deudas. Para empezar, hace falta dinero –no menos de 10.000 o 15.000 euros– en un momento en el que brilla por su ausencia. Además, el procedimiento para lograr el perdón judicial a la deuda es complejo y, para la mayoría de los potenciales beneficiarios, desconocido. 

Sin embargo, aunque muy lentamente, la ley empieza a coger vuelo. Sobre todo, en Catalunya, de donde corresponde un tercio de los 1.250 concursos presentados por ciudadanos corrientes en el segundo trimestre de este año –según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicia– y 208 de los casi 300 concursos de empresarios.

Elisa Escolà, asociada de Fieldfisher Jausas y miembro de la sección de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Barcelona, cree que hay que felicitarse de que la ley ya esté funcionando, como evidencian los datos. Pese a eso, critica la pérdida de tiempo que supone el deber de intentar un acuerdo extrajudicial o las tensiones derivadas de la intervención de los gastos del empresario por parte del administrador concursal, entre otros factores.

FUENTE: LA VANGUARDIA

El Supremo ordena que la ley de segunda oportunidad exonere de los créditos públicos

Hacienda y Seguridad Social, obligadas a perdonar a los deudores de buena fe

Hace casi cuatro años (en septiembre del 2015) entró en vigor la ley de segunda oportunidad, pensada, sobre todo, para dar una salida a aquellos pequeños empresarios (también a particulares) ahogados por los impagos.

No vale para todos. Es imprescindible que no consten antecedentes penales, que la deuda sea inferior a 5 millones de euros y no haber sido declarado culpable de ninguna quiebra anterior. Es decir, que el insolvente demuestre que es un deudor de buena fe. A partir de ahí, todos los impagos entran en concurso, excepto los contraídos con la Administración, que no se perdonan. Eso era hasta ahora, porque una sentencia del Tribunal Supremo acaba de poner luz en el túnel en el que se quedan atrapados la mayoría de los arruinados que buscan una segunda oportunidad en esta ley.

El fallo del Supremo del 2 de julio corrige esta gran limitación, al desestimar un recurso de casación que interpuso la Agencia Tributaria contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (diciembre del 2015) en la que se daba la razón a un arruinado, acogido a la ley de segunda oportunidad, que solicitaba la exoneración de su deuda con Hacienda. «Se trata de permitir que aquel que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación», declara el fallo, que cuestiona incluso la redacción de la ley, al considerar que contiene contradicciones.

Decide el juez, no HaciendaLa sentencia no significa que a partir de ahora los tribunales puedan condonar el cien por cien de los créditos con Hacienda o la Seguridad Social de quienes se acojan a la norma. Pero sí les otorga la capacidad de exonerar un porcentaje que puede llegar a superar el 70 % en algunos casos y de ordenar, limitar y cuantificar el fraccionamiento de los pagos del resto. «El juez, previamente, debe oír a las partes personadas [también al acreedor público] sobre las objeciones que presenta el plan de pagos, y atender solo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan», matiza la sentencia.

La decisión del Supremo ha sido muy bien recibida por los bufetes especializados en este tipo de casos. «Esta sentencia abre la puerta a que las Administraciones públicas condonen más de la mitad de la deuda contraída. En concreto el crédito ordinario y subordinado [intereses, recargos, sanciones y un 50 % de la cuota]. Mientras que el resto [crédito privilegiado] podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años que tenga en cuenta su capacidad económica real, explica Juan Carlos Escarti, presidente de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Detalla el letrado que el fallo judicial marca un antes y un después en la aplicación de la ley de segunda oportunidad. «Lo que viene a decir es: señores de la Administración pública, ustedes son uno más y, a partir de ahora, los créditos públicos se abonan como dice la ley concursal, no como diga Hacienda o la Seguridad Social, que imponía su propio plan de pagos».

FUENTE: lavozdegalicia

Una pequeña empresa de Banyeres de Mariola consigue que el Banco Santander sea condenado judicialmente a reintegrarle las comisiones de devolución cobradas

ELPERIODIC.COM – 19/07/2013

El Juzgado nº 4 de Alcoy ha condenado al Banco Santander a abonar la cantidad de 11.834,18 euros cobrada irregularmente en concepto de comisión de devolución de efectos. Esta comisión se repercute a los clientes que han descontado un efecto en su Banco (cheque, pagaré, letra de cambio, etc.) y el mismo ha resultado impagado por el deudor.

El Juzgado alcoyano considera que la comisión de devolución es un “claro ejemplo” de cobro indebido de comisiones, ya que la misma no corresponde a la prestación de servicio alguno por parte del Banco.

Ausbanc Empresas ha iniciado una campaña para erradicar esta mala práctica, especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas (pymes), profesionales, comercios y autónomos.

Nuevo varapalo judicial al cobro de la comisión de devolución de efectos. Esta comisión -que repercute el Banco a su cliente cuando se produce el impago por un tercero de un efecto entregado en descuento o gestión de cobro- no corresponde a la efectiva prestación de un servicio, por lo que su cobro es indebido.

La Sentencia, ciertamente rotunda, declara que nos encontramos ante un “claro ejemplo de cobro indebido de comisiones de devolución de efectos, que no ha sido pactado entre las partes ni responde a la prestación de servicio alguno por parte del Banco Santander” (FD Tercero). El Banco repercutió una comisión de devolución del 6 % sobre el nominal del efecto impagado.

La Juzgadora entiende que estamos ante un “claro enriquecimiento injusto del Banco Santander”, pues cuando se cobraron “prevaliéndose de su situación dominante y de la confianza depositada por el cliente”.

La Sentencia termina condenando al Banco al reintegro de la totalidad de las comisiones de devolución repercutidas a esta mercantil de Banyeres durante casi 3 años -que ascienden a 11.834,18 euros-, así como a los intereses legales y a las costas causadas del juicio.

Estamos ante una mala práctica bancaria que, lamentablemente, está muy extendida en nuestro país y que, específicamente, resulta más dañina para aquellas empresas o autónomos que utilizan el descuento de efectos como medio habitual de financiación.

En la provincia de Alicante, se producen una media de 15.000 impagos de efectos al mes (anualmente se impagan 180.000 efectos de comercio). El importe medio de los efectos impagados asciende a 1.500 euros, siendo la comisión de devolución más habitual el 6 % calculado sobre el nominal impagado.

Por tanto, en la provincia de Alicante, se repercuten irregularmente a los clientes 16,2 millones de euros aproximadamente en concepto de comisiones de devolución al año.

Ausbanc Empresas ha puesto en marcha una campaña con la pretensión de erradicar esta mala práctica, especialmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas (pymes), profesionales, comercios y autónomos. La Asociación recomienda a los empresarios que se asesoren y, cuando detecten el cobro de esta comisión, hagan valer sus derechos presentando la pertinente reclamación ante los Tribunales de Justicia.

Téngase en cuenta que se puede reclamar el reintegro de las comisiones irregulares repercutidas durante los últimos 15 años.

La justicia obliga a la banca a retomar la línea de financiación con Ombuds

REDACCIÓN

 06/08/2019 20:42

Madrid, 6 ago (EFE).- El juzgado de lo mercantil número 13 de Madrid ha fallado este martes que el «pool» bancario (entre los que se encuentra Banco Santander o Bankia) deberá cumplir de manera inmediata los contratos de «factoring» (las líneas de financiación comercial) con la empresa de seguridad Ombuds, actualmente en concurso de acreedores.

La sentencia dictamina que estas líneas de financiación comercial «siguen en vigor» por lo que los bancos deberán hacer frente al «pago inmediato de las facturas», según se ha detallado en la sentencia.

Según se ha recordado en el fallo, Ombuds es pagada por sus clientes a 120 o 180 días vista, por lo que la empresa, al igual que otras del sector, acuden a la financiación bancaria mediante líneas de crédito, descuento o «factoring», de tal manera que el banco anticipa el pago de esas facturas, entre las que se encuentran las nóminas. 

Para mantener estas líneas de crédito se estableció un «pool» bancario, en el que el Banco Santander actuaba como banco agente y establecía una relación contractual con la empresa de seguridad, renovable de forma anual, salvo si la entidad rescindía el contrato de forma unilateral, todas las partes eran informados y ésta se realizaba con al menos díez días de antelación.

Para el tribunal cuando las entidad bancarias rescindieron el contrato con la empresa de seguridad «no se comunicó a todas las partes contratantes» tal y como se recogía en el contrato por lo que se produjeron «defectos de forma» y por lo tanto este contrato sigue vigente. 

Actualmente la empresa de seguridad, participada por la familia Cortina y la compañía JZ International, adeuda las tres nóminas de sus trabajadores y más de 40 millones de euros entre Hacienda y la Seguridad Social.  Fuentes de UGT han declarado tras el conocimiento de la sentencia que el administrador concursal «debería poner a los trabajadores en primera línea» de sus preocupaciones y «abonar las nóminas de los 8.000 empleados» que forman la plantilla de la empresa. EF

Condena de 60.000 euros al banco y Experian Bureau por tildar una empresa de morosa sin serlo

Ene 3, 2019 | Casos Rubio AbogadosDerecho al honorSin categoría | 0 Comentarios

El juzgado de primera instancia número 8 de Lleida ha condenado a Banco Mare Nostrum (ahora Bankia) y a Experian Bureau de Crédito a indemnizar con 60.000 euros a una correduría de seguros de Lleida por haber vulnerado su derecho al honor “causando un menoscabo grave al prestigio profesional”, al haberla incluido de forma indebida y reiterada, durante seis años, en un fichero de morosidad. La magistrada ha estimado la demanda de una empresa de Lleida, representada por el abogado Enric Rubio, que denunciaba la inclusión indebida de sus datos en un fichero de morosos, concretamente, al registro de solvencia patrimonial de Badexcug, partiendo de datos erróneos desde agosto de 2011 al menos hasta junio de 2017.

Concretamente, el fichero de Badexcug mantuvo a la firma como morosa hasta en ocho ocasiones durante ese período y publicaba la errónea deuda con el concepto de “seguro”, lo que le provocó dificultades a la hora de financiarse para realizar su actividad económica. La empresa informó en reiteradas ocasiones a las demandadas de que se estaba incurriendo en un error, pidiendo la cancelación como morosa. La titular del juzgado de primera instancia número 8 determina que “la inclusión se realizó de forma constante y prolongada pese a las continuas peticiones de cancelación, justificadas de conformidad con la ley para que se procediera a dar de baja los datos”. La magistrada añade, entre otros motivos, que las demandadas “no atendieron al requerimiento sin que hayan acreditado que a día de hoy los datos están cancelados”.

La juez también afirma que fue “muy perjudicial para su imagen [la de la correduría de seguros] constar como morosa con el concepto seguro”. Por lo tanto, la conducta de los codemandados constituye “una intromisión ilegítima al honor y al prestigio profesional, porque su inclusión a Asnef era totalmente injustificada”.

La juez califica de “negligente” la actuación de las demandadas. 

La juez sentencia que Banco Mare Nostrum y Experian Bureau de Crédito tuvieron un proceder “negligente” con los requerimientos de la empresa leridana afectada. La magistrada informa de que la firma está en el fichero desde el 2011 hasta la fecha “ya que no consta que se haya producido la cancelación actualmente […], lo cual representa un hecho gravísimo, con dejadez y falta de diligencia”, por no haber atendido las peticiones de rectificación y cancelación.

Popular, condenado a indemnizar a una empresa con 3,4 millones

La resolución sienta un precedente sobre la responsabilidad civil extracontractual de las entidades financieras.

25 enero, 2019 11:55

  1.  BANCO POPULAR

E.E./Agencias

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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Banco Popular, ahora Banco Santander, a indemnizar a una empresa no cliente con 3,4 millones de euros en concepto de reparación del daño causado, según la sentencia recogida por Europa Press.

Esta resolución, que ha sido declarada firme en tanto que la entidad no la ha recurrido ante el Tribunal Supremo en el plazo determinado, sienta un precedente sobre la responsabilidad civil extracontractualde las entidades financieras.

Cabe esperar que este fallo derive en que los bancos refuercen sus protocolos internos para evitar errores en el ejercicio de su actividad y que puedan derivar en responsabilidad incluso frente a terceros no clientes del banco.

El caso enfrentaba a una sociedad de capital mexicano, defendida en el procedimiento por Carles Cuesta Abogados, y a Banco Popular (y por fusión por absorción, Banco Santander), defendida por el bufete Cuatrecasas.

«Lo más importante ahora es tener fondos que sean consistentes»Los responsables de la gestora Capital Group descartan una recesión en EEUU y en la economía mundial

La demandante quería adquirir, en una subasta judicial, un local comercial, sobre el que constaba una hipoteca inscrita a favor del Popular, por lo que el Juzgado encargado del concurso requirió a la entidad para que se pronunciase sobre el estado de sus cargas.

En cumplimiento de dicho requerimiento del Juzgado, Popular confirmó por error que la citada hipoteca se encontraba cancelada económicamente, es decir, que ya estaba pagada, cuando en realidad se le adeudaban más de 3,4 millones de euros.

Este error conllevó sucesivos errores en cadena pues, ante la información errónea ofrecida por la entidad, el juez no tuvo en cuenta la carga hipotecaria y fijó el justiprecio por el que el local debía subastarse en un importe más alto al que hubiera pagado de haberse conocido el importe real que se debía al Popular. En ese momento nadie más que Popular sabía que la información suministrada al juzgado no coincidía con la realidad.

Años más tarde, Popular comunicó a la demandante que aún se le debía un principal de más de 2 millones de euros, con los correspondientes intereses. La empresa no podía cancelar la hipoteca de Popular a no ser que desembolsase más de 3,4 millones de euros.

Dado que no existía ningún vínculo contractual entre el banco y la empresa, la reclamación pasaba por defender que «por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado», como recoge el Código Civil.

Cambio jurisprudencial

Lo complicado del caso es que existían pronunciamientos anteriores en casos de errores similares de entidades financieras en las que se daba la razón a los bancos y les eximían de responsabilidad por no haber solicitado la cancelación de la carga ante el Juzgado de la ejecución.

De hecho, el Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid dio la razón en un primer momento al banco, lo cual fue recurrido ante la Audiencia Provincial, institución que finalmente revocó el fallo rompiendo el criterio previo.

En síntesis, declaró que, no siendo objeto de controversia en este caso el error por el Popular (reconocido por el propio banco), ni tampoco el hecho de que la liquidación de cargas fue practicada en base a un informe erróneo, ha de aplicarse el régimen de responsabilidad civil extracontractual frente a Popular.

En suma, Popular deberá pagar la cuantía necesaria para cancelar la hipoteca, así como los gastos derivados de la pérdida de aquellas ventas que fueron debidamente acreditadas mediante la correspondiente prueba pericial, que ascienden en conjunto a unos 3,4 millones de euros.